“Nos cuesta interpretar lo que pasó ayer, pensamos que hubo una orden de altas autoridades para que esto se permitiera y se confirma ya que ningún funcionario llamó para explicarnos que pasó ayer o ver cómo estábamos”, dijo Graciela Dravicevich, referente de la Mutual Sentimiento y esposa del secretario General de Libres del Sur, Héctor Tumini.
El martes 10 de noviembre por la tarde efectivos de la Comisaría 2º realizaron un sorpresivo operativo represivo en Plaza de Mayo: golpearon y detuvieron a 40 personas que realizaron una protestaban y algunos se desnudaron para rechazar el intento de desalojo del edificio del estado donde funciona la Mutual.
El comisario Mario Morales argumentó el operativo en que los desnudos fueron una flagrante exhibición obscena y aseguró que usaron la fuerza porque hubo resistencia y golpes por parte de los manifestantes.
“El señor comisario parece que vive en otro país, porque el fin de semana hicieron la marcha del orgullo gay, hubo muchos desnudos y nadie los reprimió”, sostuvo Dravicevich y agregó que “nadie golpeó a la policía. Es mentira. La mayoría éramos mujeres y chicos muy jóvenes”.
“Es muy extraño todo lo que pasó. Era una marcha pacífica, había chicas embarazadas que eran parte de la performance, había niños, no cortamos la calle, es ridículo. En el mismo momento en que nos pegaban Cristina estaba pronunciando el discurso donde decía que no estaban dispuestos a repartir palos”, señaló.
En el edificio donde funciona la Mutual Sentimiento , cerca de la Estación Federico Lacroze, trabajan 21 organizaciones sociales y pertenece a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que preside el ministro de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y dirigentes del gremio de conductores de trenes La Fraternidad.
“Todo esto ocurrió porque no quieren firmarnos el contrato que tenemos desde hace 10 años y que hasta los gobiernos más liberales lo han confirmado. Culpamos a Schiavi con su íntima relación con Macri y con grandes intereses, entre ellos sus amigos de la Fraternidad ”, sostuvo Dravicevich y contó que para seguir en el edificio nos pidieron 100 mil pesos mensuales.
“Jose Villafañe (vicepresidente de ADIF y dirigente de La Fraternidad ) nos dijo que fuéramos a ‘operarla’ a la ministra Alicia Kirchner, agarráramos el cheque, se lo lleváramos a ellos y todo el mundo estaba en paz”, aseguró.
Desde Libres del Sur, las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán presentaron hoy un proyecto de declaración de repudio por los hechos de ayer por la tarde.
“No podemos entender y mucho menos justificar semejante agresión por parte de la policía”, señaló un comunicado de las legisladoras, que pidieron al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, “dar la cara y explicar porque la policía reprime salvajemente una manifestación por un reclamo justo, en momentos en los que la presidenta Cristina Kirchner expresó su intención de no criminalizar la protesta social”.
Por parte de la empresa estatal ADIF, uno de sus directivos, Víctor Colombano, señaló que las organizaciones que utilizan el edificio “nunca tuvieron un contrato, siempre tuvieron un permiso de uso gratuito, nunca abonaron ningún canon por ocuparlo. En mayo se venció el permiso de uso que tenían y nosotros por ley estamos obligados a pedir la restitución o que paguen un alquiler".
"Les ofrecimos todo tipo de alternativas y se negaron", dijo y remarcó: "Nosotros no respondemos a intimidaciones ni a negociar bajo presión, estamos dispuestos a retomar el tema siempre con respeto y dentro del marco que nos permite la ley".
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