La deuda ambiental

A dos meses de la cumbre de la ONU sobre calentamiento global, un grupo de militantes de Greenpeace ocupó  el techo del palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, en el centro de Londres, para colocar banderas con la inscripción "cambien de política, salven el clima (Change the politics, save the climate)".

En la cumbre, que se realizará en Copenhague del 7 al 18 diciembre, se discutirá un nuevo protocolo que reemplace en 2012 al de Kyoto, en el que las potencias del mundo se comprometieron a reducir un 5 por ciento la emisión de gases contaminantes.

Mientras se acerca el evento, personalidades de todo el mundo se reunieron en la capital danesa para dejar al descubierto que aún no hay un acuerdo entre los países más poderosos e industrializados del mundo para firmar el nuevo Protocolo que intentará eliminar definitivamente los gases contaminantes dentro de 40 años.

¿Y por casa como andamos?

 Si bien nuestro país no forma parte de los grandes contaminadores como China, Estados Unidos o la unión Europea, la falta de una política ambiental clara y duradera también es un tema extremadamente vigente, con tres casos testigo que han llegado a tomar estado público: la fumigación con agrotóxicos, la cuenca Matanza Riachuelo y los desmontes.

En los dos últimos intervino la Corte Suprema, ordenando la limpieza del Riachuelo, aún pendiente, y suspendió la tala indiscriminada en algunos departamentos salteños en un histórico fallo.

“Nosotros pertenecemos al monte, al río, por eso lo defendemos y estamos aquí”, señaló Octorina Zamora, autoridad de una comunidad Wichi en una visita a la Ciudad de Buenos Aires  para reclamar por esta situación que afectó su ancestral estilo de vida.

Explicó también que “las mujeres Wichí, para poder subsistir, trabajamos realizando tejidos con la materia prima que se llama ‘chagua’, que es una fibra vegetal, y con los desmontes eso está desapareciendo, se está extinguiendo. Al no tener la planta, no podemos tejer, no podemos vender, y eso era de lo que dependían nuestros hijos, aunque sea para un kilito de yerba, azúcar o leche. Hoy no lo podemos hacer porque vivimos en una inseguridad total, no será con armas de fuego, pero si con topadoras, con esta arremetida del genocidio silencioso que se está cometiendo contra nuestro pueblo”.

En relación a los agroquímicos, el actual gobierno tuvo una actitud ambigua, ya que impulsó durante la dura pelea con las patronales rurales una comisión para investigar los casos de contaminación, pero esta nunca llegó a funcionar.

Desde el Grupo de Reflexión Rural (GRR), su fundador Jorge Rulli consideró como “crímenes de lesa humanidad” las muertes por fumigación en el país y reclamó “que alguien se haga cargo. Responsabilizamos a las empresas que fabrican los agrotóxicos y a los funcionarios”.

Rulli, quien personalmente presentó varias denuncias penales contra el uso de los agroquímicos, opinó que “esto va a terminar igual que los crímenes de la dictadura. Quizá dentro de 10 o 20 años vamos a poder sentar a mucha gente en el banquillo, porque hay muertes, mucha más muertes que las que produjeron los militares. Pero nadie se quiere hacer cargo, porque el éxito del modelo sojero está basado en miles de muertes, en niños nacidos deformes. En algunos de los responsables del modelo ya hay preocupación, porque incluso algunos me han llamado para decirme que hay que parar esta locura”.